Apelar a la justicia, dar visibilidad y buscar apoyo para obtener el título secundario

Alan Rodríguez es un joven de 24 años con síndrome de Down que realizó toda su trayectoria educativa en la misma escuela regular, privada y católica; con adecuaciones curriculares solo en aquellas asignaturas en las que fuera necesario. 

A lo largo de toda su escolarización, Alan tuvo muy buen vínculo con sus docentes, buenas calificaciones y nunca repitió de grado ni de año. Alcanzó todos los objetivos propuestos en todas las asignaturas, tanto en nivel primario como secundario. Su relación con sus compañeros de clase fue excelente. Al concluir el último año del nivel secundario, la escuela le comunicó a su familia verbalmente que no le extenderían el título correspondiente, por considerar que no había alcanzado los contenidos mínimos según la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), e hizo entrega de un certificado de materias aprobadas, sin validez oficial.

Luego de múltiples intentos sin éxito, Alan y su familia decidieron judicializar el reclamo, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). ACIJ es una organización sin fines de lucro, apartidaria, que tiene como misión contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos fundamentales y trabajar para la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.

ACIJ asumió la representación jurídica de Alan y –luego de varios intentos infructuosos de diálogo con la escuela y con representantes gubernamentales- promovió una acción de amparo contra la institución educativa y contra el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así comenzó un caso de litigio estratégico para el otorgamiento de un título secundario válido, acompañado de una estrategia proactiva e integral de visibilización, comunicación e incidencia.

Luego de varios años, no sólo Alan obtuvo su título sino que su experiencia generó empatía y conciencia en la sociedad argentina respecto a la educación inclusiva y fue disparadora para la sanción, por parte del Consejo Federal de Educación, de la Resolución 311/16 sobre titulación igualitaria de personas con discapacidad.