Instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, incluyendo los profesionales de apoyo para inclusión en escuela regular. Los artículos relevantes son el 2, el 4 y el 17.

Establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan DEA, así como también la formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento, difusión y acceso a las prestaciones.

Refiere a la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, en igualdad de condiciones que sus pares sin discapacidad. Además, recuerda la obligación de las distintas jurisdicciones de adecuar sus normativas a los lineamientos internacionales.

Otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, cuyo artículo 24 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación y la responsabilidad del estado parte a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones que las representan pueden exigir el pleno respeto de su derecho a la educación inclusiva. Las autoridades educativas y los particulares no pueden alegar disposiciones de la Ley de Educación Nacional u otras resoluciones/disposiciones nacionales o locales para desconocer o infringir ese derecho.